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El gran salto adelante digital de China

El gran SaltoChina está tomando medidas para proteger su soberanía digital. Así se interpretan los últimos movimientos ejecutados por Pekín, que lleva un tiempo apuntalando su capacidad de maniobra sobre las grandes tecnológicas (tanto nacionales como extranjeras) y asegurándose de que lo que suceda en el ciberespacio no pueda erosionar al poder estatal. En ese contexto se enmarca el anuncio de la semana pasada: el Gobierno prohíbe las criptomonedas. Ya no se podrá operar con ellas en el gigante asiático, con lo que la única divisa virtual permitida será el yuan digital. China se convierte así en la primera gran potencia que toma una decisión definitiva en este terreno.
 
No es la única política de gran calado que se ha desplegado últimamente en el ámbito digital: en noviembre entrará en vigor la primera regulación de privacidad de datos del país. La Ley de Protección de Información Personal (PIPL) establece derechos para los ciudadanos similares a las que brinda el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. Las empresas tendrán que recolectar los mínimos datos personales posibles y los mantendrán en su poder durante el menor tiempo posible. Para hacerlo necesitarán el consentimiento previo de los usuarios, que también podrán pedir la portabilidad de esos datos o acceder a ellos si así lo desean.
 
Nunca antes habían tenido los ciudadanos chinos garantías de este tipo. La normativa ve la luz después de que varios escándalos relacionados con la mala gestión de los datos personales aumentaran la sensibilidad pública sobre este tema. El caso más mediático fue el de la muerte en 2016 de una joven estudiante por paro cardiaco tras enterarse de que le habían robado todos los ahorros familiares mediante una estafa posible gracias a la filtración de sus datos. Aunque las restricciones de la nueva regulación no afectan a las autoridades públicas, que podrán seguir controlando a los ciudadanos con herramientas digitales, el mensaje es claro: se acabó el todo vale.
 
La gestión de los flujos transfronterizos de datos no es un asunto sencillo. Estados Unidos y la UE han tenido sus más y sus menos al respecto. Entre 2000 y 2015, el acuerdo Safe Harbour permitía a las empresas estadounidenses llevarse a su país los datos recogidos en Europa. Anulado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, que sacó a la luz el espionaje sistemático de EE UU en varios países europeos, Bruselas y Washington firmaron un nuevo acuerdo en 2016, el Privacy Shield, para permitir que las grandes tecnológicas pudieran volver a llevarse los datos a América y tratarlos allí. El TJUE lo declaró inválido en 2020, al considerar que EE UU no ofrecía las garantías suficientes como para asegurar que los datos de los europeos fueran tratados con estándares de privacidad equiparables a los de la UE.
 
Fuente del Articulo & Fotos
MANUEL G. PASCUAL
Madrid
 

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